Corporaciones tecnológicas, plataformas educativas digitales y garantía de los derechos de la infancia con enfoque de género (edDIT)

Ya desde antes del cierre escolar a raíz de la pandemia del Covid-19, pero sobre todo a partir de entonces, las plataformas digitales educativas han irrumpido en las aulas de centros educativos de distintas partes del mundo. En este contexto, grandes empresas proveedoras de plataformas digitales como Google, Amazon o Microsoft demostraron una eficiente  capacidad de respuesta a una situación que superó el potencial de acción de las administraciones públicas para hacer frente a la digitalización repentina de las actividades educativas. Sin embargo, la entrada de estas y otras corporaciones (también denominadas BigTech) en nuestro sistema educativo venía preparándose desde hace años.

En Cataluña, por ejemplo, en el año 2010  Google cedió al Departament d’Educació el uso de lo que entonces conocíamos como Google Apps (ahora Google for Education). ¿Qué implicaba dicha cesión? En principio, el acceso al entorno de correo electrónico de Google, personalizado para el Departament, con mayor capacidad de almacenaje y sin anuncios. Además del acceso a los diversos servicios de la compañía y, más recientemente, a la Suite que Google ha desarrollado para el ámbito educativo: Google for Education.

Tal y como sucedió en la administración educativa en torno al año 2010, el servicio que ahora ofrece Google aligera la gestión del profesorado en los centros educativos.  En aquel momento, el Departament d’Educació administraba las cuentas de correo electrónico de todo su personal docente y administrativo e impulsaba también la creación de cuentas de correo para el alumnado de secundaria en todo su sistema. Y lo hacía contando con pocos recursos humanos y técnicos.

A pesar de las voces que ya alertaban, dentro y fuera de la propia administración, de los potenciales riesgos de la entrada de una compañía privada a la gestión masiva de herramientas y datos de profesionales, la presencia de Google en la administración educativa ha ido afianzándose y naturalizándose a lo largo de los años, inercia que también ha llegado a los centros educativos.

La gestión de las infraestructuras y servicios digitales en las escuelas e institutos ha recaído en docentes que, con mucho esfuerzo y sin el acompañamiento experto ni institucional adecuado, han asumido tareas de mantenimiento y configuración de los equipos que llegaban a sus centros, y de formación y orientación del resto de docentes. Ante este complejo escenario, no sorprende la buena recepción que ha tenido un servicio como Google Classroom. Esta plataforma digital educativa ofrece un conjunto de prestaciones que simplifican muchas de las tareas de las coordinaciones TIC. Por un lado, es independiente de la infraestructura digital del centro. Así, sean cuales sean los equipos disponibles, la plataforma podrá usarse a través del navegador web. Esta característica permite, entre otras cosas, aligerar la necesidad constante de actualización de equipos que requiere un sistema basado en, por ejemplo, Windows. Por otro lado, los servicios de la Suite de Google contemplan diversas posibilidades en la configuración del dominio de la escuela y de sus cuentas de correo electrónico. Así, por ejemplo, un centro educativo puede decidir que el correo electrónico que se activa para su alumnado solo pueda recibir y enviar correos a otros usuarios del mismo dominio (y no a direcciones externas a la escuela). Esta opción es útil para controlar el entorno de comunicaciones del alumnado, así como para prevenir la suscripción a otros servicios con la dirección de correo escolar.

A pesar de la reticencia que muestran algunas familias y centros educativos locales, la mayoría desconoce los objetivos lucrativos y la forma de operar de estas corporaciones. En este contexto, las familias se ven obligadas a firmar el consentimiento de uso y privacidad de datos que requieren estas plataformas para garantizar que sus hijos e hijas no son excluídas de un entorno que cobra cada vez más relevancia en el proceso educativo y para el que las alternativas son aún muy limitadas.

En términos jurídicos digitales existen avances, pero muy insuficientes, como el derecho a la protección de la información personal en normativas europeas y la imposición de sanciones por las violaciones en el Reglamento General de Protección de Datos en la UE. Aún así, a pesar de la obligación de los gobiernos a proteger a su población de estos abusos, Amnistía Internacional afirma que se ha dejado que estas empresas «prácticamente se autorregulen”.

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UNICEF demuestra que la infancia es más susceptible a las técnicas de marketing digitales, tiene mayor probabilidad de convertirse en consumidora, con el riesgo de aumentar su probabilidad de ser dependiente de estas tecnologías y, con ello, más manipulable. Por tanto, la infancia es mucho más vulnerable al ‘capitalismo de vigilancia’, ya que las niñas y los niños en el mundo digital se exponen a la “vulneración de derechos de privacidad, protección e información personal y su reputación.” Esto se suma a la reproducción de desigualdades de género y las interseccionalidades de los buscadores y aplicaciones asociadas a estas corporaciones. En concreto, las niñas y niños que las utilizan reciben publicidad o ven cómo se reproducen los roles machistas y racistas en los buscadores.

Este fenómeno también afecta a su derecho a la educación, puesto que el sistema público se mercantiliza y la administración pública pierde control de la metodología pedagógica y los contenidos educativos en estas plataformas digitales. La evidencia da cuenta de que esta dependencia de las transnacionales va en detrimento de la soberanía pedagógica y digital a nivel global, dando cabida a que estas corporaciones desarrollen sus objetivos comerciales en un espacio educativo y público, e impongan sus ideologías, por ejemplo, a través del mayor uso de redes sociales vinculado a la “gamificación” en la educación, donde los holdings tecnológicos vinculan sus otras plataformas y recursos digitales.

Todas estas preocupaciones, junto a la necesidad de extender la comprensión del fenómeno por parte del resto de la ciudadanía, han sentado para la ejecución del proyecto edDIT, ”Corporaciones tecnológicas, plataformas educativas digitales y garantía de los derechos de la infancia con enfoque de género”. Se trata de una iniciativa coordinada por el Grupo de Investigación Esbrina de la Universidad de Barcelona y la aFFaC (Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya). El proyecto tiene por objetivo explorar y analizar las políticas, preocupaciones y prácticas de uso de estas plataformas digitales en las escuelas públicas que proveen enseñanzas obligatorias en Cataluña. Partiendo de esta exploración y análisis, se indagará sobre el potencial efecto de estas transformaciones sobre los derechos de la infancia, y especialmente sobre los de niñas y jóvenes mujeres.

Finalmente, de lo que se trata es de favorecer una mayor comprensión por parte de la comunidad educativa, sobre las posibilidades que ofrecen, pero también sobre los límites que conlleva incorporar las plataformas digitales corporativas en los centros educativos, especialmente en aquellos de gestión pública. Nuestro trabajo investigativo en las escuelas e institutos catalanes nos está señalando una valoración asimétrica al respecto. Y nos preocupa, pues lo que queda en evidencia es que con un sistema educativo vacilante y pasivo con las BigTech, y más allá de los enormes esfuerzos de docentes y estudiantes por construir un mundo educativo digital con sentido: (1) se pueden poner en riesgo derechos fundamentales de infantes y adolescentes, y (2) se está limitando el potencial crítico de la ciudadanía.